El mandatario anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar el proceder de los magistrados
Luego de que un juez federal otorgara la suspensión provisional de la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar el proceder de los jueces.
«Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país esté al servicio de particulares”, informó en su conferencia matutina.
Desde Palacio Nacional reiteró que no se está cancelando la reforma energética, «estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas, lo que más daña y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos», recalcó.
El titular del Ejecutivo señaló que las empresas particulares “estaban abusando del sector eléctrico en el país con contratos leoninos”.
El día de ayer, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, suspendió provisionalmente la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el martes 9 de marzo.
La suspensión provisional concedida es para suspender todas las consecuencias derivadas de la nueva Ley de la Industria Eléctrica y fue solicitada por una sola empresa que participa en el mercado eléctrico mayorista.
Mientras el presidente hacía estas declaraciones, simpatizantes del Gobierno viralizaron en redes sociales el nombre y la fotografía del juez Gómez Fierro con críticas similares a las de López Obrador.
Aunque tras enviar su iniciativa de reforma, el 1 de febrero, el mandatario había dicho que las empresas «estaban en todo su derecho» de impugnar la ley, ahora criticó sus recursos legales.
Además de las empresas, la oposición en el Congreso y algunos gobernadores han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.
El presidente aseguró que no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada en 2013.
«No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas», manifestó.
