La organización dijo que el programa responde a una problemática estructural que ha afectado por décadas a los productores de granos básicos
Culiacán, Sin.- La Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC) en Sinaloa celebró el reciente lanzamiento del Plan Nacional de Comercialización Justa, Directa y Sustentable del Maíz, calificándolo como un paso positivo hacia la dignificación del trabajo campesino y la construcción de la soberanía alimentaria en México. Sin embargo, advirtió que sin un marco legal sólido, la iniciativa podría quedar como una medida de coyuntura.
“Vemos con esperanza el reconocimiento que representa este plan, particularmente el enfoque en asegurar un precio de más de seis mil pesos por tonelada para los pequeños productores en Sinaloa. Es un paso necesario y un reflejo del compromiso de la Cuarta Transformación con el campo”, señaló.
La organización destacó que el programa responde a una problemática estructural que ha afectado por décadas a los productores de granos básicos, marcada por la desarticulación entre producción, acopio y consumo, así como la falta de servicios técnicos y financieros.
En ese sentido, consideraron que el nuevo plan puede sentar las bases para un desarrollo económico sostenible en el medio rural.
Sin embargo, advirtieron que la falta de continuidad histórica en los programas gubernamentales es uno de los principales riesgos. Por ello, urgieron a que este tipo de estrategias se plasmen en una legislación que garantice su permanencia más allá de los ciclos políticos.
“La experiencia nos ha demostrado que, sin una ley que les dé estabilidad, incluso los mejores programas pierden fuerza con el cambio de administración. Es fundamental institucionalizar los apoyos y los mecanismos de comercialización justa”, enfatizó el organismo.
En este marco, la COUC propuso retomar y fortalecer la iniciativa de una ley similar a la que rige la comercialización de caña de azúcar, que ha sido clave para brindar estabilidad a ese sector. Sin embargo, aclararon que su propuesta va más allá del modelo cañero.
“Creemos que esta nueva ley debe incluir tanto a los productores de subsistencia como a los de agricultura comercial.
Todos enfrentan desafíos para acceder a precios justos, y su inclusión en un marco legal fortalecería la soberanía alimentaria del país”, subrayaron.
La organización campesina concluyó con un llamado a las autoridades federales y legisladores para que den seguimiento a esta demanda con voluntad política y visión de largo plazo.
