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Opacidad en gastos: fiscal de Sinaloa clasifica como reservados sus viajes y viáticos

El 10 de mayo pasado, alrededor de las 4 de la tarde, la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada arribó al aeropuerto de Culiacán proveniente de Cancún en el vuelo 834 de VolarisTestigos narraron que la vocearon porque casi se le iba el avión, pero al final llegó a su destino.

Al bajarse de la aeronave, ya la estaba esperando su equipo de seguridad para trasladarla en la ciudad. Sobre este viaje de la fiscal del estado, no se podrá conocer nada, debido a que la Fiscalía General de Sinaloa emitió un acuerdo para clasificar como reservada toda la información respecto a los viajes de Bruna Quiñones tanto dentro del país como al extranjero arguyendo motivos de seguridad.

No sólo eso, la ciudadanía no podrá conocer en qué otras cosas gasta la fiscal. El Comité de Transparencia de la Fiscalía que Sara Bruna dirige, también reservó por cinco años documentos como boletos de avión, pago de hoteles, viáticos, entre otros gastos, bajo la excusa de que, de darse a conocer esta información pública, se estaría vulnerando la seguridad y la salud de la funcionaria de procuración de justicia.

Sobre esto último del tema de salud, fuentes gubernamentales señalan que la fiscal acude de manera periódica a Estados Unidos a tratarse un padecimiento degenerativo, sin embargo, al consultar de manera oficial a la FGE, no se obtuvo confirmación del caso.

El Sol de Sinaloa solicitó a través de una petición de acceso a la información, presentada en la Plataforma Nacional de Transparencia, los documentos que amparen los gastos de la fiscal sobre los viáticos, por lo que el órgano autónomo envió a este medio el oficio FGE/UT/1175/2023, en el que justificó que no era posible revelar dicha información.

Sin embargo, la petición encuadra dentro de la información mínima que todos los entes públicos deben difundir sin que medie ninguna solicitud, pero la Fiscalía le apostó a ocultar estos gastos de recursos públicos bajo el argumento de confidencialidad.

¿Qué oculta la Fiscalía?

No es posible entregar la información requerida, en virtud de que su difusión de esta información puede llegar a comprometer la seguridad pública del estado; puede poner en riesgo la vidasalud o seguridad física de la Fiscal General del Estado; y obstruye la persecución de los delitos del fuero común que investiga la institución del Ministerio Público”, afirmó en su respuesta el Comité de Transparencia de la FGE, integrado por tres funcionarios de la dependencia.

En un documento de 39 páginas remitidas a El Sol de Sinaloa, el Comité de Transparencia alegó que entregar la información “los datos pudieran ser aprovechados para conocer el lugar de las diversas reuniones de seguridad a las que asiste la fiscal como titular del Ministerio Público, donde se desarrollan estrategias para la investigación y persecución de los delitos”.

Al ser reiterativo, la respuesta oficial de la Fiscalía aseguró que las organizaciones criminales podrían aprovechar esa información para acudir y amenazarla con el fin de obtener datos que les permitan a los delincuentes sustraerse de la acción dela justicia.

Otro argumento es que los delincuentes podrían tomar represalias en contra de ella debido a las investigaciones que realiza la dependencia.

Dentro de los supuestos, también se arguye que cualquier persona pudiera usar la información para favorecerse a sí misma o a alguien más al momento de cometer un hecho ilícito. En el oficio enviado, la FGE detalló artículos de la Ley de Transparencia y hasta de la Constitución, con los cuales pretendió configurar la negativa de respuesta, y sobre todo, la reserva de 5 años de toda la información pública.

Citar otras fuentes

De hecho, la Fiscalía citó la controversia constitucional 325/2019, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la Fiscalía General de la República, como una supuesta “prueba” de que los viáticos de la fiscal son información confidencial

Sin embargo, al verificar dicha controversia, en realidadse trata un caso distinto, en donde se pidieron las identidades del personal de la FGR, no sus gastos en viáticos. De ahí que la Corte favoreció a la Fiscalía federal en virtud de que se tratan de datos personales que sí fueron considerados clasificados.

Opacidad sistemática

Para la activista en materia de transparenciaMarlene León Fontes, directora de la asociación Iniciativa Sinaloa, la Fiscalía que hoy dirige Sara Bruna Quiñones, ha estado incurriendo de manera sistemática en prácticas de opacidad, sufriendo un retroceso nunca antes visto, pero lo más lamentable es que goza del aval de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP).

“Está Fiscalía se está empezando a caracterizar por ser opaca, como organización creemos que esta información no se debió haber reservado, porque justo lo que se pide es información mínima de oficio”, comentó León Fontes.

Incluso, dijo que los datos solicitados por El Sol de Sinaloa es información que la misma Fiscalía está obligada a transparentar en la Plataforma, sin que medie una petición.

“Es un acto de opacidad de la Fiscalía, nos preocupa mucho que se esté reservando información mínima de oficio, porque justo se trata de información que tiene que ver con el ejercicio del gasto público, apuntó.

Al ser cuestionada si revelar estos datos, como lo alega la FGE, sería un riesgo, León Fontes explicó que es errónea esta apreciación, ya que se trata de información que, o bien se puede testar para no dar a conocer datos personales, o bien se trata de viajes que ya realizó, por lo que no revelaría nada que pusiera alerta a alguien.

“Los viajes, los vuelos, son situaciones que ya pasaron, no hay ningún riesgo dar a conocer esta información, no vemos ningún riesgo, porque así permite revisar a la sociedad civil, conocer cómo se está manejando el gasto y rendir cuentas”, estimó.

La asociación Iniciativa Sinaloa ligita en la actualidad un amparo en contra de la Fiscalía y de la CEAIP por esconder 15 expedientes judiciales concluidos de casos de corrupción emblemática, como el del exsecretario de Administración y Finanzas en el Gobierno de Mario López Valdez (Malova), que devolvió 2 millones de más de 290 que no pudo comprobar su destino.

En la conferencia semanera del lunes 26 de junio pasado, el gobernador Rubén Rocha Moya criticó el pacto de impunidad entre Malova y Quirino Ordaz Coppel, por este desigual acuerdo que hubo, sin embargo, no mencionó que una de las juezas que llevó el caso Villarreal fue Sara Bruna Quiñones, quien ahora esconde y reserva información pública a la ciudadanía sinaloense.

Contrasentido

Contrario a estas reservas de información pública implementadas por la Fiscalía General del Estado, del otro lado de la moneda está la serie de filtraciones que se han realizado desde la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), revelando datos confidenciales de investigaciones en curso, como en contra de funcionarios de la UAS y el líder del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda y su familia, a quien acusan de enriquecimiento inexplicable.

No hay caso que la UIPE o el Ministerio Público procese en contra de los adversarios políticos del Estado, que no llegue a medios de comunicación, que exhiben carátulas de documentos oficiales con sus sellos de recibido. El Sol de Sinaloa solicitó los expedientes de estos casos, pero también los negó.

Por eso, Marlene León detalló que es importante que la CEAIP haga su labor y obligue a Fiscalía a entregar información pública, ya que hay casos documentados en donde el órgano de transparencia, ha avalado simulaciones del aparato investigador.

¿Qué dice la Ley de Transparencia? Esta es la clave

Artículo 5, segundo párrafo: “Tampoco podrá invocarse la reserva de la información, cuando ésta corresponda a comprobantes fiscales o cualquier tipo de recibo que sustente el ejercicio de gasto público, los que en su caso, se entregarán al solicitante en versión pública cuando en estos se contengan datos de carácter personal.”