Según esta organización defensora de derechos humanos, en Chiapas se vive una situación complicada de violaciones a los derechos humanos.
En el último trimestre del año, de octubre a diciembre, el desplazamiento interno de familias en México se disparó en un 250% principalmente por la violencia que generan los grupos criminales o crimen organizado.
De acuerdo a un reporte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la ciudad de Aguascalientes se ha convertido en receptora de población en situación de desplazamiento interno provenientes de los estados Jalisco, San Luis Potosí y sobre todo Zacatecas, entidad donde en los últimos meses se ha registrado diversas masacres y actos violentos donde se involucra al crimen organizado.
El alcalde de la ciudad, Leonardo Montañez Castro, informó que s cifras de compra de viviendas en la ciudad, que se usan como indicador de la llegada de personas desplazadas, han aumentado un 41%.
El reporte indica que de las 18 comunidades desplazadas de la Sierra de Jerez, Zacatecas, hace más de un año, apenas el 10% ha podido retornar a sus lugares de origen dado que persisten las condiciones de inseguridad, por lo que las personas en situación de desplazamiento solo hacen visitas esporádicas para verificar el estado de sus propiedades y tierras.
Según la CMDPDH, en octubre se registraron mil 625 casos de personas desplazadas internamente, pero en noviembre se disparó a 250 % al llegar a 4 mil 37 casos de desplazamiento masivo y la tendencia se fue al alza en diciembre donde se han registrado 4 mil 189 casos.
Julio fue el mes con más casos de desplazamiento interno con 4 mil 953 mientras que enero de este 2022 el que menos registró con 809.
Según esta organización defensora de derechos humanos, en Chiapas se vive una situación complicada de violaciones a los derechos humanos, por el control que ejerce el crimen organizado en diversos territorios del estado lo cual, junto con un proceso creciente de militarización y de imposición de megaproyectos como el Tren Maya han permitido escenarios de despojo de territorios y desplazamiento forzado de población.
La asamblea del Movimiento de Mujeres por la Defensa de la Madre Tierra y Nuestros Territorios reafirmó su decisión de articular pueblos, redes, colectivos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena y de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona contra la imposición de megaproyectos, la violencia, el narcotráfico, la prostitución y el alcoholismo.
Representantes de las etnias tsotsil y tseltal, originarias de los Altos, informaron de la proliferación de “cantinas, drogas y armas.
“Hay constantes desplazamientos de grupos armados en vehículos, aumento de la migración de jóvenes, y los que se quedan en nuestras comunidades ya no respetan a las mujeres ni a las personas mayores”, acusaron
Expresaron que en San Cristóbal “se viven despojos mediante la invasión de tierras provocada por grupos armados con la complicidad de funcionarios de gobierno y empresarios hoteleros, quienes acaparan el agua a través de la destrucción de humedales de montaña y ciénegas. Hay varios grupos de jóvenes armados llamados motonetos, que hacen de las balaceras algo cotidiano y ponen en tensión la vida diaria de mujeres, niños y niñas. Hay más presencia de la Guardia Nacional, pero se hace la que no ve ni escucha”.
“Con la construcción del mal llamado Tren Maya se ha incrementado el desmonte y la destrucción de cerros, la contaminación del agua y el despojo y desplazamiento de comunidades. Se hace presente la mercantilización de la cultura maya, favoreciendo a la iniciativa privada empresarial”, acusaron
Alertaron que se está incrementando la prostitución y es visible la migración. “Han aparecido grupos de motonetos vinculados al crimen organizado que están cometiendo asesinatos. La Guardia Nacional simula su función y con su presencia genera terror entre la población.”