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Cancela Morena audiencias públicas en Senado con ONGs sobre plan B de AMLO

Al menos 84 organizaciones de la sociedad civil y colectivos de muy diversos orígenes, acusaron a Morena en el Senado y sus aliados del PVEM y PT de clausurar el diálogo con la sociedad al cancelar de último momento la reunión acordada en enero pasado en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que encabeza Ricardo Monreal para discutir y advertir sobre los riesgos que entraña el llamado Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador para la realización de elecciones limpias y creíbles en México.

Las organizaciones advirtieron que México está en la antesala de una crisis política mayor, que puede ser evitada si el Senado asume su cabal responsabilidad y busca los acuerdos, ciñéndose con rigor, a la letra y espíritu de la Constitución.

Reprocharon que la Jucopo se había comprometido a escucharlos pero a unas horas del encuentro esgrimieron desacuerdos y complicaciones internas entre varias fracciones parlamentarias que controlan la mayoría simple en el Senado para cancelar esta reunión con lo cual—acusaron–demuestran una vez más cerrazón, opacidad y falta de argumentos ante un tema que puede poner en riesgo la estabilidad política del país.

Alertaron que el Plan B provocará “un extendido litigio nacional” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un quiebre constitucional de consecuencias no sólo electorales y en contra de la vida democrática, sino también en contra de la estabilidad política del país.

CRISIS DE CREDIBILIDAD
Las organizaciones entre las que se encuentran Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, Signos Vitales, Trasparencia Mexicana, Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, entre otros, difundió sendos comunicados donde advierte que la cerrazón al diálogo de Morena y la falta de mínimos consensos con la oposición en cuanto al Plan B de AMLO lleva a México a un retroceso democrático que coloca a nuestro país en una crisis de credibilidad y desconfianza en las reglas del juego, aún antes de que inicie el proceso electoral.

Alertan que el daño al derecho político fundamental del voto será el resultado irremediable de aprobarse dicha iniciativa.

Eso sin contar con desmantelar la estructura del INE, el despido del 85 % de trabajadores especialistas en organización electoral; reducción de la fiscalización al dinero de los partidos y las campañas.