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Asegura Rocha Moya que si hay protección a buscadoras que han sido amenazadas

En el caso de Cecilia Flores, representante de las Madres Buscadoras de Sonora, ya intercedió la Guardia Nacional, informó el gobernador Rubén Rocha Moya

Culiacán, Sin.- En Sinaloa, cualquier amenaza que se cometa en contra de periodistas, activistas defensores de los derechos humanos o madres buscadoras de personas desaparecidas, será investigada a fin de garantizar su salvaguarda y defender la libertad de expresión, manifestó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En el caso de Cecilia Flores, madre de Alejandro Islas Flores, desaparecido el 15 de octubre del 2015, ya ha intercedido hasta la Guardia Nacional, luego de acogerse en un mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, al recibir amenazas en su contra, por picar tierra para buscar al suyo, aclaró el mandatario estatal.

«Esta señora de Sonora, se le ha cuidado con lo que toca en las instancias que tienen competencia en el estado, como la Comisión Nacional de Búsqueda y Derechos Humanos, incluso la Guardia Nacional, ya nos reportó que la están ayudando y la han estado asistiendo y están al cuidado de», mencionó.

Sin embargo, el gobernador señaló que, para que un delito de este tipo sea perseguido, las víctimas está en la obligación de denunciar ante la Fiscalía General del Estado, las amenazas para de inmediato comenzar con las averiguaciones y determinar acciones que no pongan en peligro a la persona.

«Los casos tienen que ser registrados en la Fiscalía, la fiscalía tiene competencia para eso, incluso, cuando el propio instituto de protección a periodistas se cree», dijo.

Cecilia Flores ha sido amenazada por lo menos en dos ocasiones, estas amenazas de muerte, han surgido luego de que decidiera fundar un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas en Sonora y posteriormente picar tierra al norte de Sinaloa, pues los indicios de que su hijo se encuentra en este estado ahí están, y la madre no descansará hasta encontrarlo.

A nivel nacional, hay más de 3 mil personas acogidas bajo el mecanismo de protección por la defensoría de los derechos humanos.

Este mecanismo consiste en orientar a las víctimas de amenazas, algunas de ellas, viven con un botón de pánico enlazado a las corporaciones policiacas o son monitoreadas constantemente.