Cada año entran al país 700 mil armas de empresas demandadas por México

El 36 por ciento proviene de Massachusetts, dice Wilma Gandoy, uno de los principales cerebros del litigio. Reciente resolución contra Remington, por matanza en Connecticuc, aporta luz al caso mexicano.

A unas horas del histórico fallo legal en Estados Unidos contra la comercializadora de armas Remington, la cual deberá pagar 73 millones de dólares a familias de nueve de las 26 víctimas de la matanza en una escuela de Connecticuc (2012), y de la propuesta del presidente Joe Biden de implementar nuevas medidas para el control de armamento, Wilma Gandoy, uno de los principales cerebros de la inédita demanda del gobierno mexicano contra siete armerías estadounidenses, comparte con Crónica detalles del litigio desconocidos hasta ahora, así como la estrategia a seguir.

México, por ejemplo, contrató a Lucy Allen, una renombrada economista especializada en tráfico de armas, quien determinó -mediante progresiones estadísticas- los alcances del trasiego a nuestro país: según el estudio, cada año ingresan a territorio mexicano 700 mil armas en cuya manufactura están involucradas las siete compañías demandadas; 250 mil, casi el 36 por ciento, provienen de Massachusetts.

“Es un cálculo científico, no hablamos al tanteo”, dice Gandoy, directora de litigios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Esa es la base de esta batalla contra las prácticas de negocio de las armerías, que no tienen control y favorecen al mercado negro: finalmente sus armas llegan a México vía contrabando”.

La demanda fue promovida por la SRE el pasado 4 de agosto, en una Corte de Boston, Massachusetts.

-¿Por qué ahí? -se le cuestiona.

-Ahí está asentada Smith & Wesson, una de las principales productoras, pero también Interstate, que es una importante distribuidora a la que llegan armas de distintos fabricantes estadounidenses y desde ahí comienzan a distribuirse a pequeños vendedores de aquel país. Nos teníamos que enfocar a la fuente grande del problema.

La reciente resolución en contra de Remington, abona luz a la demanda mexicana. La armería fue acusada de vender rifles de asalto con características militares a compradores civiles y, además, de privilegiar sus ganancias por encima de la seguridad pública. Y en esa misma sintonía, va México…

“La discusión siempre se había centrado en qué hace o qué no hace el gobierno, o en perseguir a los traficantes, pero nunca se había apuntado hacia las empresas, como responsables y generadoras de condiciones que permiten el tráfico de armas. Ellas son parte central de la ecuación, porque se pueden detener a muchos traficantes, pero siempre se reproducirán y el efecto cucaracha se vuelve imparable”.

-La industria del armamento en Estados Unidos es un monstruo, tiene mucho peso…

-Sí, y las empresas cabildean, y allá eso es legal. En 2005 lograron la aprobación de una ley, conocida como PLCA, que les da inmunidad. Por eso, nosotros argumentamos que esa ley fue avalada por el Congreso considerando las condiciones estadounidenses y no aplica extraterritorialmente a México, que el daño reclamado no ocurre allá, sino aquí, y el uso criminal no es bajo leyes estadounidenses, sino mexicanas. Es posible llevar un caso de negligencia y actos ilícitos de carácter civil en contra de esas empresas.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.